Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El Consejo de Ministros, presidido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel y dirigido por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, aprobó en su sesión ordinaria de abril el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, un documento que recoge las grandes metas y compromisos del país.
El primer ministro convocó a garantizar la adecuada implementación y control del programa, donde “cada cual hable el mismo idioma”. Marrero Cruz destacó que el texto “es un documento enriquecido, consultado con la sabiduría popular” en el que están “todas nuestras grandes metas y compromisos en la necesaria e imprescindible transformación que requiere nuestra economía y en el ámbito social”, e insistió en que se adapte a las características de cada lugar y que sirva como mecanismo de medición, para ponernos las metas, los indicadores, y poder lograr y alcanzar los objetivos previstos.
El jefe de Gobierno informó que se han aprobado 81 objetivos específicos del programa.De ellos, 32 ya están implementados y 49 se encuentran en proceso de implementación. De las 158 acciones previstas, 65 han sido cumplidas.
El titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, reportó una inflación interanual del 13.42 % al cierre de marzo. Este indicador es ligeramente superior al de febrero y sugiere un repunte de las presiones inflacionarias.
El aumento obedece, fundamentalmente, al comportamiento de los precios de los productos agropecuarios. En el mercado no estatal esos precios se elevaron un 31.9 %, con concentración en La Habana.
El plan inversionista registró incumplimientos por limitaciones en combustibles, acero, cemento y financiamiento. En el primer trimestre se ejecutó el 43 % del plan para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.
Se terminaron cinco parques solares fotovoltaicos que aportan 58.74 MW de potencia. También se recuperaron 239 MW con acciones de rehabilitación en dos centrales termoeléctricas.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó un déficit presupuestario superior al planificado. Los ingresos brutos cerraron al 89 % de lo planificado, con incumplimiento en los aportes al Presupuesto Central. En cambio, los presupuestos locales sobrecumplieron sus ingresos en un 6 %. Seis provincias —Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara— y sesenta municipios fueron superavitarios.
Marrero Cruz alertó sobre el rompimiento de la tendencia a la contención del déficit y orientó incrementar los ingresos y reducir los gastos.
El Consejo de Ministros aprobó ejercer la iniciativa legislativa a favor de tres anteproyectos de ley. Estos son el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda y la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.
Sobre el Anteproyecto del Código de Trabajo, presentó una síntesis el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz Campo, quien explicó los fundamentos legales y políticos para una modificación que contempló, además, un proceso de consulta con los colectivos laborales entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025 que incluyó 40 591 reuniones: 36 416 en colectivos laborales, 2 522 en colectivos de trabajadores por cuenta propia, 893 en mipymes y en colectivos mixtos y misiones de Cuba en el exterior.
En los intercambios se realizaron 96 250 propuestas, de las que fueron aceptadas 41 403 (43 %), se aceptaron en parte 9 641 (10 %), se esclarecieron 8 703 dudas (9 %), no se aceptaron 33 687 (35 %) y se estimaron como no competentes 2 816 (3 %).
El Anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda fue sometido a consideración del Consejo de Ministros por parte del titular del MICONS, René Mesa Villafaña, quien explicó que este da respuesta a la necesidad de una nueva ley que integre la producción y gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental, y dé respuesta a la dinámica demográfica y otras transformaciones económicas a partir de la presencia de nuevos actores, con una mirada local y territorial.
Es resultado de un amplio proceso de consulta con organismos de la Administración Central del Estado, la Academia, los órganos de Justicia, delegadas y delegados del Poder Popular y diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, consejos populares, población a través de correos electrónicos, el sistema de la vivienda y otros.
La Propuesta de Anteproyecto de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado estuvo a cargo del compañero Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien señaló que «no se trata de un mero movimiento estructural, sino que es el rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado».
«Se ajusta —explicó— a las necesidades de la gestión pública de nuestro país y fortalece la mirada del trabajo por políticas públicas, que es algo fundamental; y rediseña el diálogo entre la estructura administrativa central y las estructuras adscriptas subordinadas y el sistema empresarial que está relacionado con cada uno de estos organismos».
En el proyecto se regulan las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y se determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran. De los 27 organismos de la Administración Central del Estado actuales, se reducen a 21.
El Jefe de Gobierno acotó que «este es un primer y buen acercamiento, pero nosotros no renunciamos, después de que lo implementemos, a seguir estudiándolo. Esto es una oportunidad para reordenar, aprovechar mejor los recursos humanos existentes, los cuadros existentes; que no nos quepa la menor duda de que es un proceso complejo, pero un proceso necesario».
El primer ministro subrayó que: “un país pequeño, con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente”.
En la sesión también rindieron cuenta la presidenta del Banco Central de Cuba y el gobernador de Holguín.
La Contraloría General presentó un informe sobre la situación de la corrupción en la gestión administrativa durante 2025.
(Con Información de Granma)
Escambray / ISSN 9664-1277
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