Escambray Periódico de Sancti Spíritus
América Latina, aquel histórico patio trasero que Washington creyó tener domesticado con doctrinas y golpes de Estado, está asistiendo a un reordenamiento geopolítico tan profundo como silencioso, donde el fantasma del intervencionismo norteamericano no llega esta vez con marines y bayonetas, sino con una sonrisa cómplice y una agenda compartida.
La asunción de Keiko Fujimori en Perú, consumada el 28 de julio de 2026, no es un hecho aislado: es la pieza que completa un tablero regional donde al menos 12 países ya son gobernados por fuerzas de derecha en sus distintas variantes.
La primera mujer presidenta de Perú, hija del controvertido Alberto Fujimori, llega al poder en su cuarto intento, prometiendo mano dura contra la delincuencia y generando una polarización que remueve los fantasmas de un pasado autoritario. Su investidura, a la que asistió Javier Milei en un gesto que busca fortalecer un bloque regional de derecha, no es sino el eslabón de una cadena que se teje con hilos muy visibles: los de una administración Trump que ha decidido recuperar por asalto la hegemonía perdida en el continente.
El giro a la derecha en América Latina no fue una marea espontánea, sino una ola orquestada que encontró en las urnas de Honduras y Colombia sus dos últimas y más elocuentes piezas. En Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025, el conservador Nasry “Tito” Asfura, un empresario de la construcción de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se alzó con la presidencia al obtener un ajustadísimo 40,3 por ciento de los votos, apenas nueve décimas por encima del 39,5 por ciento de su rival del Partido Liberal, el exvicepresidente Salvador Nasralla.
Lo que debió ser una noche electoral se convirtió en una agonía de tras semanas, con un recuento tan lento y polémico que minó la credibilidad del frágil sistema electoral centroamericano. Nasralla denunció fraude, la tensión se enquistó y, mientras el Consejo Nacional Electoral dilataba la declaratoria oficial, el fantasma del cuestionamiento democrático se cernía sobre el país.
No fue casualidad que, en la víspera de los comicios, Trump indultara al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE. UU. por narcotráfico y miembro del Partido Nacional de Asfura. Fue un mensaje tan claro como brutal: Washington no solo apoyaba al candidato conservador, sino que estaba dispuesto a reescribir las reglas del juego para asegurar su triunfo.
Asfura, que asume el período 2026-2030, no llegó solo; llegó escoltado por el poder norteamericano, en una demostración de que la política exterior de Trump no se andaba con sutilezas en el patio trasero.
Y si Honduras fue el preludio, Colombia fue el crescendo. El 21 de junio de 2026, en una segunda vuelta que mantuvo al país en vilo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario que se hace llamar El Tigre, derrotó por un margen históricamente estrecho al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente saliente Gustavo Petro.
Con casi 13 millones de votos, De la Espriella logró la mayor votación en la historia de Colombia, superando los 11 millones que había obtenido Petro en 2022, pero su victoria fue tan ajustada que apenas superó a Cepeda por 245.624 votos, una diferencia del 0,94 por ciento que mantuvo en ascuas al país hasta el escrutinio definitivo. El Consejo Nacional Electoral confirmó su triunfo con un 49,66 por ciento de los sufragios frente al 48,7 por ciento de su oponente, pero el fantasma de la división quedó grabado a fuego en una nación que ya conocía las heridas de la polarización.
De la Espriella, respaldado abiertamente por Trump, no ocultó su agenda: prometió mano dura contra los cárteles y los grupos rebeldes, y, en un gesto que desafía toda sutileza diplomática, anunció el cierre de 14 embajadas y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua, alineando a Bogotá con la nueva derecha dura del continente.
Estos dos procesos electorales no son fenómenos aislados, sino los eslabones que completan una cadena hemisférica donde la derecha ha consolidado su dominio en al menos una docena de países. Pero lo que los hace particularmente reveladores es el denominador común que los une: la intervención explícita de Estados Unidos.
En Honduras, Trump no solo respaldó a Asfura, sino que lo impulsó con el indulto a Hernández, una jugada que huele a chantaje y a complicidad. En Colombia, el apoyo a El Tigre fue igual de descarado, hasta el punto de que Cepeda denunció “la abierta e indebida interferencia extranjera en los asuntos internos de Colombia”.
El “Escudo de las Américas” no es un escudo: es una lanza, y estas elecciones demuestran que Washington está dispuesto a usarla no solo contra los gobiernos de izquierda que resisten —como México, Brasil o la propia Cuba—, sino también para moldear los resultados electorales en los países que considera claves para su nueva hegemonía.
Y como si el tablero se hubiera diseñado en la Casa Blanca, el presidente electo de Colombia ha dado la puntada más gruesa al anunciar el cierre de embajadas y la ruptura de relaciones diplomáticas. “En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, sentenció el mandatario, que asumirá el 7 de agosto, al referirse a los regímenes de La Habana y Managua.
Lo que De la Espriella presenta como un plan de austeridad y reducción del Estado —que incluye el cierre de sedes en Argelia, Haití, Sudáfrica y otros países— es, en realidad, un golpe de timón ideológico que alinea a Colombia con la nueva derecha dura del continente. El conservador, apoyado abiertamente por Donald Trump, cancela la apertura de una embajada en Palestina y anuncia la reapertura de su representación en Jerusalén, un guiño tan explícito a la política exterior de Washington que apenas necesita traducción.
Los analistas no se andan con rodeos: es un giro que maneja las relaciones internacionales “en función de consideraciones ideológicas”, reforzando lazos con gobiernos aliados y tomando distancia de los países de izquierda.
Pero la verdadera armazón de esta ofensiva se llama “Escudo de las Américas”, la iniciativa multinacional de cooperación militar lanzada por Trump el 7 de marzo de 2026 en una cumbre en Doral, Florida, a la que asistieron 12 líderes latinoamericanos afines.
No es un ejercicio retórico: es una coalición anticárteles que busca coordinar esfuerzos militares, compartir inteligencia y desmantelar redes criminales, pero cuyo verdadero propósito, en el contexto de este avance de la derecha, es consolidar un cerco estratégico sobre los gobiernos que no se pliegan al designio de Washington.
El nombramiento de Kristi Noem como enviada especial y la declaración conjunta de los países miembros condenando los “esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo” son la prueba de que la operación no es solo contra el narcotráfico, sino contra cualquier disidencia política que ose resistirse al nuevo orden hemisférico.
En ese contexto, la presión de Estados Unidos sobre Cuba se intensifica con una lógica implacable: el bloqueo se endurece con más sanciones, el cerco energético se ajusta, y la isla, otrora referente ideológico de la izquierda latinoamericana, queda cada vez más aislada en un continente que le da la espalda. Pero el desafío no es solo para La Habana.
México y Brasil, los dos gigantes que aún se mantienen como excepciones izquierdistas en este maremoto conservador, enfrentan una presión creciente que no es solo diplomática, sino estructural. El gobierno de Claudia Sheinbaum en México y el de Lula en Brasil —a quien Trump ya ha confrontado abiertamente— se ven arrinconados por una región que gira a la derecha, por un Escudo que los rodea y por una administración estadounidense que ha dejado de lado los formalismos para actuar con la agresividad de quien sabe que el tiempo juega a su favor.
La pregunta que queda flotando en el aire, mientras Keiko Fujimori jura su cargo y De la Espriella prepara su tijera diplomática, es si este avance de la derecha es una marea imparable o un espejismo de corto plazo. Lo que resulta innegable es que Estados Unidos, después de años de retirada relativa en la región, ha vuelto con una estrategia que no busca convencer, sino rodear; que no pretende ganar corazones, sino cerrar cercos.
El Escudo de las Américas no es un arma defensiva: es una lanza, y los gobiernos de izquierda que aún resisten en el continente saben que el objetivo, esta vez, no es solo Cuba, sino todo aquel que ose mirar hacia otro horizonte que no sea el que marca Washington desde su club privado de Miami.
El fenómeno que está reconfigurando América Latina no es solo una marea conservadora; es la proyección hemisférica del proyecto MAGA de Donald Trump, un manual de poder que ha encontrado en la región su laboratorio más fértil.
Si algo ha quedado claro con la asunción de Keiko Fujimori en Perú y el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia es que Washington ya no se limita a observar desde lejos los procesos electorales: los moldea, los condiciona y los cosecha como si fueran piezas de un tablero diseñado en Mar-a-Lago y el punto de encuentro entre estos nuevos líderes y el MAGA no es casual: es estructural, ideológico y estratégico.
El primer punto de encuentro es el endoso explícito y la interferencia descarada en los procesos electorales. Trump ha roto con todas las normas diplomáticas al respaldar abiertamente a candidatos como De la Espriella, a quien calificó como “inteligente y fuerte” y le otorgó su “completo y total” respaldo. No fue un apoyo simbólico: fue una amenaza velada a los votantes colombianos, advirtiendo que, si ganaba el izquierdista Iván Cepeda, se anularía una ayuda militar de miles de millones de dólares.
En Honduras, la jugada fue aún más burda: Trump indultó al narcotraficante Juan Orlando Hernández, del partido de Nasry Asfura, enviando un mensaje tan claro como siniestro sobre quién debía ganar. En Argentina, condicionó un rescate de 20 000 millones de dólares a que la bancada de Milei no perdiera, y luego definió al libertario como “MAGA de verdad”.
Esta no es diplomacia; es coerción electoral, y es la esencia del método Trump: usar el poder económico y militar de Estados Unidos como ariete para doblegar la voluntad popular en el patio trasero.
El segundo punto de encuentro es el arsenal discursivo y simbólico que estos líderes han adoptado como propio. De la Espriella, un abogado sin experiencia política que construyó su campaña con videos de entrenamiento en el gimnasio e imágenes generadas por IA de tigres y águilas calvas, no oculta su inspiración: “En Colombia, hemos comenzado a seguir el mismo camino”, escribió a Trump. Promete “despanzurrar” a la izquierda, bombardear campamentos “narcoterroristas” y construir megacárceles.
No es casualidad: es el MAGA playbook traducido al español, con la misma retórica del outsider que llega a “drenar el pantano” y a restaurar el orden perdido. Y no está solo: Javier Milei reproduce las políticas de recorte del gasto público, incluso, a costa de despidos masivos; Nayib Bukele aloja deportados en sus megacárceles para ayudar a la cruzada migratoria de Trump; y José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador y Keiko Fujimori ahora en Perú completan una constelación de satélites del trumpismo, fuertemente conectados en lo ideológico y en las estrategias discursivas que apelan a lo emocional y a la polarización.
El tercer punto de encuentro es el nacionalismo cristiano y la batalla cultural que une a esta nueva derecha hemisférica. No importa que Milei sea libertario y Kast sea conservador tradicional; lo que los une es un enemigo común —el “supuesto comunismo”— y una agenda de mano dura contra la inseguridad y el crimen organizado que justifica la militarización de la seguridad.
Este es el pegamento ideológico del MAGA exportado: una guerra cultural contra el progresismo, el “socialismo” y cualquier disidencia, que encuentra en el Escudo de las Américas su brazo armado porque, como ya mencionaba, el Escudo no es una alianza defensiva; es una lanza que, bajo el pretexto de la lucha anticárteles, busca recomponer la influencia estadounidense en la región y frenar los avances de China.
En ese esquema, los gobiernos MAGA de la región no son socios menores; son ejecutores de una política exterior que ya no se negocia, se impone.
El cuarto punto de encuentro, quizás el más inquietante, es la transformación de la democracia en un trámite. Cuando Trump endosa candidatos, amenaza con retirar ayudas si no ganan los suyos y utiliza el poder de la Casa Blanca para inclinar la balanza, lo que está haciendo no es promover la democracia, sino someterla a sus intereses.
Los líderes MAGA de la región, lejos de resistirse, se convierten en cómplices de esta subordinación, aceptando que su legitimidad no emana solo de las urnas, sino del visto bueno de Washington. En total, son ya nueve los gobiernos abiertamente trumpistas o cercanos al movimiento MAGA en América Latina —Argentina, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá—, y otros tantos aliados en el Escudo de las Américas.
La marea roja que hace una década pobló el mapa de gobernantes de izquierda ha quedado reducida a menos de media docena de países y en ese nuevo orden, la presión sobre los gobiernos que aún resisten —México, Brasil, Cuba— no es solo diplomática, sino existencial.
El proyecto MAGA en América Latina no es una moda pasajera: es una reconfiguración geopolítica que busca convertir al continente en un apéndice de los intereses de Washington, donde la soberanía se negocia, la democracia se condiciona y la izquierda se “despanzurra” con el beneplácito del imperio.
Mientras Keiko Fujimori jura su cargo y De la Espriella prepara su corte diplomático, lo que está en juego no es solo el color político de los gobiernos, sino la capacidad de América Latina para decidir su propio destino sin la tutela de un presidente que cree que el hemisferio es su patio trasero y que los líderes locales son, en el fondo, sus empleados.
Esa es la esencia del MAGA exportado: no hacer América grande otra vez, sino hacer de América Latina una prolongación sumisa de la grandeza que Trump promete restaurar en Washington.
Escambray / ISSN 9664-1277
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