Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La reciente propuesta de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, publicada el 8 de junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha desatado un intenso debate en los círculos académicos y profesionales de Cuba. El anteproyecto, que reduciría de 23 ministerios y cuatro institutos nacionales a solo 20 carteras, contempla la creación de una nueva institución: el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda.
La medida, que se enmarca en un proceso de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” el aparato estatal para lograr “mayor eficacia en la función administrativa”, ha recibido reacciones encontradas. Mientras algunos especialistas ven en la fusión una oportunidad para integrar políticas de desarrollo sostenible y resiliencia climática, otros alertan sobre el riesgo de que la urgencia habitacional termine subordinando las prioridades ecológicas o que se diluyan funciones críticas del desaparecido CITMA.
El debate refleja problemas estructurales del sistema institucional cubano en vivienda, urbanismo y medio ambiente.
Un ministerio necesario, pero no suficiente
El nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda concentraría, en un solo organismo, las funciones ambientales que hasta ahora ejercía el CITMA —junto con las competencias del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).
En su perfil de Facebook el biólogo y ambientalista Alejandro Palmarola, afirma que la creación de esta entidad “es un acierto y una necesidad”. Su argumento se apoya en la experiencia acumulada dentro del CITMA, donde —según señala— han coexistido estructuras con funciones solapadas, como la Dirección de Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente, las cuales han generado ineficiencias y vacíos de responsabilidad.
Palmarola considera que una nueva entidad con carácter transversal permitiría superar esas fragmentaciones, alineándose además con tendencias internacionales donde la gestión ambiental se articula con otras políticas estratégicas. No obstante, advierte que más allá del nombre, lo esencial será evitar duplicidades y dotar al organismo de coherencia operativa.
Desde su perspectiva, el rediseño institucional debe simplificar estructuras y hacer más ágil la gestión pública, especialmente en un contexto donde la burocracia ha sido identificada como uno de los principales frenos para la ciencia, la sostenibilidad y la innovación en el país.
Por su parte, el doctor en Ciencias Biológicas Hiram J. González Alonso, declaró a Juventud Técnica sus dudas sobre la definición de “hábitat” en la misión del nuevo ministerio.
“Ni en la misión ni en las funciones se aclara qué se define por hábitat, el cual debe concebirse como el conjunto de características geográficas en que se desarrolla y coexiste la biodiversidad”, enfatiza.
“Priorizan la situación de las aguas y para colmo lo unen al ordenamiento territorial. A los que llevamos muchos años trabajando en investigaciones sobre medio ambiente y biodiversidad, nos ha impactado que se hayan elaborado las funciones de esta forma”.
Arquitectura, vivienda y el riesgo de la superestructura
El arquitecto Universo García Lorenzo, Máster en Ciencias en el Instituto de Arquitectura y Construcciones de Alma-Atá, República de Kazajastán, sostiene que las Direcciones Municipales y Provinciales de la Vivienda en Cuba “han respondido históricamente a un enfoque centralizado de asignación, control estatal del fondo habitacional y tramitación burocrática”.
De igual manera, el profesor devela que muchos de los técnicos que laboran en las direcciones de la vivienda carecen de formación universitaria en arquitectura o ingeniería civil. Sus capacitaciones de limitan, en el mejor de los casos, a cursos cortos de técnico medio. “Esto compromete la calidad de las evaluaciones e inspecciones que realizan”, alerta.
García Lorenzo señala la constante superposición de funciones entre la Dirección de la Vivienda y el INOTU. “Con la unificación de funciones bajo el INOTU, los linderos entre dictaminar un estado técnico habitacional y otorgar licencias de construcción suelen colisionar en la base municipal. Esto provoca un ‘peloteo’ burocrático donde el ciudadano queda atrapado entre normativas de Vivienda y dictámenes de Ordenamiento Urbano que a veces se contradicen”.
Ante este escenario, el arquitecto defiende la necesidad de recuperar institutos independientes para la Arquitectura, la Vivienda y el Medio Ambiente, que operen como un ecosistema de contrapesos: “El INOTU es necesario como el gran árbitro del territorio y el urbanismo, pero no puede seguir absorbiendo disciplinas tan complejas y específicas”.
El riesgo de la fusión: ¿la urgencia de la vivienda aplastará al medio ambiente?
García Lorenzo analiza la fusión desde dos vertientes. “La ventaja: permitiría integrar de raíz políticas de desarrollo sostenible, resiliencia climática —vital para Cuba ante huracanes e inundaciones costeras— y el uso de materiales de bajo impacto de carbono”.
Pero el experto advierte un riesgo: la vivienda en Cuba arrastra una crisis de déficit habitacional y deterioro crítico que requiere una gestión ejecutiva de choque y recursos de construcción masivos. Al fusionarse con una entidad reguladora y de conservación como Medioambiente, la urgencia operativa de edificar podría chocar con las restricciones de protección ambiental, o bien, la urgencia de viviendas podría terminar aplastando las prioridades ecológicas si no existen agencias de control autónomas”.
El concepto de hábitat y la deuda histórica
Uno de los aportes más sólidos del gremio técnico, recogido por García Lorenzo, es el tránsito del enfoque de “vivienda como unidad” al de “hábitat integral”. Esto implica no solo construir casas, sino garantizar servicios, infraestructuras, espacios públicos y calidad urbana.
El enfoque ha sido defendido durante décadas en espacios como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, donde se ha propuesto además priorizar la rehabilitación del fondo habitacional existente por encima de la obra nueva. La creación de un ministerio podría ser una oportunidad para institucionalizar esta visión, siempre que no se reduzca a una reorganización administrativa.
Hacia un modelo de gestión integral de la vivienda y el hábitat
El Dr. Ruslan Muñoz Hernández, Máster en Vivienda Social y exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, sitúa el debate en un contexto más amplio. Recuerda que la preocupación por la vivienda masiva y pública tomó fuerza en América Latina a partir de 1930 y en Europa tras 1945, y que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el derecho a la vivienda se volvió un tema relevante.
Muñoz Hernández aboga por “oficinas o departamentos sólidos, robustos, eficientes que manejen el tema de la vivienda”, pero insiste en que deben estar integrados no solo a disciplinas técnicas sino también a temas bancarios y legales. Propone que los funcionarios tengan competencias técnicas de arquitectura e ingeniería, y que en la gestión participen agentes del Ministerio de Trabajo o de Seguridad Social y representantes de un banco para tramitar subsidios.
“Los inmuebles deben tener administradores o encargados que respondan tal vez al propio Municipio. Tiene que haber un engranaje que permita funcionar un sistema de gestión de la propiedad”, concluye.
Todos los especialistas coinciden en que el éxito de la nueva estructura dependerá no solo del diseño institucional, sino de la capacidad para articular las urgencias habitacionales con las exigencias de la sostenibilidad ambiental, y de garantizar que la ciencia y la academia mantengan la autonomía necesaria para ejercer su función crítica.
Entre la integración y la especialización
El debate no se limita a estos tres especialistas. En distintos espacios académicos y profesionales cubanos ha emergido una preocupación común: cómo lograr un equilibrio entre integración institucional y especialización técnica.
Algunos sectores ven con buenos ojos la creación de un ministerio que unifique políticas dispersas y facilite la coordinación frente a desafíos como el cambio climático o la crisis habitacional. Otros, en cambio, temen que una “macroestructura” termine diluyendo responsabilidades y debilitando el control técnico.
En el fondo, la discusión revela un dilema estructural: reformar sin reproducir burocracias, integrar sin perder especialización, y responder a urgencias sociales sin comprometer la sostenibilidad ambiental.
Lo que parece claro es que, más allá del diseño institucional, el éxito de cualquier reforma dependerá de su capacidad para resolver problemas concretos: el deterioro del fondo habitacional, la ineficiencia administrativa y la falta de articulación entre políticas públicas.
Escambray / ISSN 9664-1277
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