Escambray Periódico de Sancti Spíritus
“Saco de carbón a 2 000 pesos, por transferencia”. Por lo raro y lo extremo, el anuncio paraliza el Reparto Escribano, de la ciudad espirituana.
“¿Será?”, pienso y sigo sin comprobar la certeza, por miedo. Mas, unos pasos y los pies caen al piso otra vez: no hay pago por transferencia, o existe a medias, o por recargo bastante alto sobre el precio exhibido de los productos, varios puntos cerrados…
En coincidencia, operativos de organismos impositores que por estos días vuelven a destapar la caja de pandora —o de alacranes—, justo cuando este mes se cumplen tres años del inicio de la Resolución 111/2023 que establece la obligatoriedad del cobro-pago electrónico. Con las preguntas que dejó “trabadas” en la tarjeta de la indagación hace unos días, Escambray vuelve a escribir “en efectivo”.
DE TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS
De cumplirse al pie de la letra esa norma jurídica, los bancos no sintieran la presión de las colas enormes de quienes buscan cómo sacar su dinero. Tampoco recepcionarían el disgusto de los que apenas pueden recibir 1 000 pesos y hasta 500 en un día porque no existe efectivo suficiente para suplantar lo que las transferencias o el pago en línea, como expresión suprema de la bancarización, no facilitan.
Estadísticas bancarias confirman que el pago electrónico ha experimentado un retroceso en la provincia, tanto como los depósitos para respaldar un flujo normal en las operaciones. Según Maité Hernández Gómez, jefa del Departamento de Banca Electrónica en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, en el primer trimestre de 2026 se realizaron más de un 1 600 000 operaciones por los diferentes canales de pago, “pero se nota un decrecimiento con respecto al año pasado, a pesar de que representa más del 90 por ciento de las operaciones comparadas con las que se realizan en efectivo”.
Las razones son las mismas: negativa de los comercios a aceptar estas operaciones electrónicas, y las que lo aceptan exigen a los clientes, casi siempre, un porcentaje por encima. Y eso pese a que hasta inicios de este año estuvo vigente la bonificación del seis por ciento, la cual impactó negativamente en la red bancaria y estimuló cierta corrupción en los comercios estatales. “Algunos las utilizaban para usos propios. Exigían a los clientes los pagos en efectivo para por detrás, hacer los pagos electrónicos y tener acceso personalmente a esas bonificaciones que el Banco le estaba dando a esos clientes”.
Con igual responsabilidad en la Dirección del Banco de Crédito y Comercio, Arelis Alfonso Valero ilustra algo similar: en los primeros meses del 2026 se acumularon más de 2 555 000 operaciones por un monto superior a los 8 592 000 pesos. “Se decreció con respecto al año anterior —alega—, entre otras causas, la poca o casi nula venta en los comercios, en las tiendas virtuales que existían”.
Una de las acciones que pudiera “presionar” el pago electrónico está asociada a las llamadas cuentas bancarias fiscales. Fidel Fernando Betancourt, director de la sucursal 5241 de Bandec, se ha cansado de hacer listados de incumplidores. “De las 32 mypimes, en los primeros cuatro meses 24 no habían depositado y en el caso de los 2 792 trabajadores por cuenta propia solo lo hicieron 338. Así el efectivo no entra y el Banco no puede satisfacer las demandas de la población. El poco que entra es el de las empresas estatales que ha mermado por la poca venta que tienen. Esos listados de incumplidores los entregamos al Grupo de Bancarización del Gobierno, encargado de visitarlos y decirles la medida a adoptar, que puede ser bloquear su cuenta por 30 días y si no se regularizan, se propone el cierre de los servicios bancarios y así dejaría de ser automáticamente un actor económico y estaría ilegal”.
Si la ley fuera “de verdad”, el actor no necesita de efectivo para poder comprar. Eso sostiene Fernando Betancourt: “Lo que sí está establecido es que pueden tener un fondo de caja chica para pagos menores. No es para reaprovisionarse”.
No difiere mucho la situación en BPA. José Couso Villarreal, al frente de Banca Personal en la Dirección Provincial, alega que de los más de 15 000 trabajadores por cuenta propia que operan su cuenta fiscal, cerca de 6 000 están inactivas, “no hacen depósitos ni movimientos, lo cual denota que pueden estar violando lo establecido en la Resolución, lo que no significa que los otros 10 000 estén cumpliendo. Los depósitos en efectivo deben ser diarios cuando los cobros exceden de 100 000 pesos, aunque se puede pactar con el Banco un periodo de hasta cinco días. No siempre depositan el 100 por ciento de los ingresos”.
LA BODA DE MI TÍO PERICO
Encontrar la punta de la madeja en un círculo vicioso es una pretensión poco menos que imposible. Como en el añejo cuento de Herminio Almendros “La boda de mi tío Perico”, cuando el gallo se ensució el pico y tuvo que ir a una cadena de “actores” que traspasaron la responsabilidad (la yerba, el agua, el fuego, el palo…), a las transferencias le sucede parecido.
Según la lógica que explica Erick García, director provincial de Bandec, “lo establecido es que los actores compren las mercancías a sus proveedores a través de los canales de pago”. Mas, esto es de lo más irreal de la ley. Según Maité, “el país cuenta con muy pocas tiendas mayoristas que provean a estos comercios de sus insumos y materias primas, muchos de esos comercios lo que hacen es revender. Los pocos que producen necesitan materia prima que le compran a otros proveedores que son TCP o mipymes y no pueden adquirir esos productos por vías electrónicas. En esa cadena quien más pierde es el cliente».
La realidad es que buena parte del efectivo se acumuló en almacenes de privados. “Existe una crisis con la disponibilidad del efectivo —alega Couso Villareal—, estos actores retienen una parte importante por dos causas fundamentales: la evasión fiscal y la compra de dólares en el mercado ilegal. Ellos hablan de otra causa: Cuando necesito el dinero en efectivo, voy al Banco y no me lo puede dar. Eso es verdad, pero lo veo más como consecuencia de las causas que mencioné”.
Desde la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial, Daysel García Bello considera que “al no existir un mercado interno en divisa objetivo en el país, ellos acceden a un mercado informal a partir de la moneda nacional, lo que trae incumplimientos en los depósitos en Banco y ahí la falta de efectivo. Sabemos que tienen importaciones millonarias de diversos productos y todo eso es con dinero”.
También está la negativa a aceptar transferencias para evadir el fisco y evitar la transparencia de las operaciones para pagar menos impuestos y garantizar más ganancias en la cadena de reventas.
DENUNCIO, ¿SOLO ACTÚO?
El Estado ha encausado acciones para tratar, sin lograrlo, que se cumpla la misma ley que promulgó hace un trienio, mas, lo cierto es que el pico del gallo del cuento sigue sin limpiarse. “Los grupos de bancarización le han dado seguimiento y atención a esta problemática —expone Yudiana Afonso, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial—. Donde se han identificado violaciones se ha actuado con los grupos de enfrentamiento de cada territorio, pero no se ha resuelto del todo”.
De acuerdo con la directiva, este año se determinó el cierre temporal de unos 800 establecimientos, se han realizado acciones de fiscalización por la ONAT, más actores han activado su cuenta, se han identificado financiamientos ubicados en otras cuentas personales de trabajadores que laboran en el negocio o de familiares del socio o actor principal…
“A lo mejor no podemos llegar al 100 por ciento de los actores, pues la plantilla de inspectores es restringida y es imposible poder tener a uno las 24 horas del día en cada punto. Hay que insistir para que en los municipios el accionar sea mayor”.
Pese a las buenas intenciones, la realidad es más brutal, incluso después que el Banco Nacional de Cuba dictara nuevas disposiciones que, entre otras cuestiones, deben favorecer el pago electrónico en línea. Es prematuro para evaluar, pero las tendencias de las últimas semanas no difieren del panorama anterior, según Fidel Fernando. “Se hacen acciones por el grupo de bancarización, se visitan a los actores que incumplen, se les explica lo de la bonificación, de que mientras más pagos hagan, tendrán la posibilidad de recibir un efectivo y sentarse a negociar con nosotros, pero todavía no ha tenido el efecto esperado”.
Medios de prensa confirman que las multas han mermado, aunque se sabe que los multados recuperan su dinero cuando le cobran hasta el 40 por ciento a los clientes si pagan por transferencia o le suben el precio a sus productos. Algo preocupante expuso a la prensa local Rafael Bernal Díaz, director de la DISS en la provincia: “Solo podemos actuar por denuncia. Pero, es importante que esperen a los inspectores en el lugar para poder probar la violación en el momento de la inspección”. Además de inoperante, ese método es poco efectivo. Imagine a los cubanos varados en los puntos, sin corriente, sin conexión, pocos inspectores, sin transporte…
La directora provincial de supervisión a la inspección, Mayda Yabró Díaz, alega que es “un error esperar porque alguien denuncie. Aquí todo el mundo sabe dónde están los mayoristas que no aceptan, los puntos donde se viola, ya pasó el tiempo de advertir porque todos saben lo que tienen que hacer. En cuatro días se cerraron 14 puntos, que son pocos, por eso las acciones deben ser más rigurosas”.
El fenómeno tiene más cabezas que la Hidra de Lerna de la mitología griega. Por eso hace falta un control más sistemático y no por rachas, y acciones que de verdad duelan en los bolsillos, no solo de los pequeños venduteros, sino de los grandes mayoristas. Hace falta que se recupere la economía para que el Estado nos provea de lo que hoy solo se encuentra en los privados. Además de que se precisa recuperar la credibilidad en el Banco como ente capaz de garantizar que, con nuestro dinero, en tarjeta o físico, podamos respirar.
Escambray / ISSN 9664-1277
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.