Trinidad de Cuba: ¿Quiénes son y cómo se atiende a las personas en situación de vulnerabilidad?

La Dirección de Trabajo y Seguridad Social en Trinidad hace todo lo posible por no dejar a nadie desamparado

Ilustración: Osval

En medio del complejo escenario en que se desenvuelve la sociedad cubana actual, cuando el país se enfrasca en implementar 176 transformaciones para dinamizar la economía, la Revolución no renuncia al principio de poner en primerísimo lugar a los más vulnerables. Para ello, un ejército silencioso de más de 100 trabajadores sociales recorre cada día los 14 consejos populares de Trinidad con la misión de identificar, diagnosticar y caracterizar a todas las familias de la comunidad.

Así afirma Dayixa Bochs Olivera, subdirectora de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social en el sureño territorio, quien explica a Escambray el procedimiento para la atención a un grupo poblacional que no puede quedar desamparado.

¿En qué aspectos se basan para identificar si una persona es vulnerable o no?

“Existen varias clasificaciones. Si una persona, familia o núcleo familiar no tiene solvencia económica para cubrir los gastos de sus necesidades, se trabaja con el Decreto No. 25 y la Resolución No. 47, y se establece una cuantía para los mismos que varía en dependencia de la cantidad de personas que conviven en el núcleo.

“Supongamos que haya un adulto mayor o una persona discapacitada que no tiene solvencia económica ni familiares obligados a prestar ayuda. Cuando el trabajador social llega a ese núcleo, se confecciona un expediente que es revisado por un especialista del departamento de Asistencia Social y presentado a un consejo de dirección. Si se aprueba, en ese caso, se le da una prestación monetaria temporal por un año, pero se debe revisar trimestralmente para verificar si la situación de la familia se mantiene o se extingue.

“Existen además muchas otras variantes que se dan por circunstancias de la vida, como, por ejemplo, cuando una madre se encuentra en estado de gestación y no tiene entrada económica, o una persona que se encuentra con incapacidad física. En cualquiera de los casos, se deben proteger con una prestación monetaria si lo amerita o vincularlos con el trabajo”.

¿Cómo funciona el proceso para recibir prestaciones monetarias?

“Las vías de acceso son dos: la trabajadora social detecta la necesidad en su recorrido cotidiano, que es como debe ser, o la persona acude directamente a la Oficina de Atención a la Población, aunque, casi siempre, el caso ya está identificado. A veces las personas no están conformes con las respuestas y entonces buscamos alternativas, porque uno ve una arista y otro ve otra, y la vida está muy difícil. La decisión final siempre pasa por el consejo de dirección”.

¿Existe otro tipo de ayuda?

“También se entregan recursos; por ejemplo, cuando dos adultos mayores jubilados reciben pensiones que, aunque superen el mínimo per cápita, no les alcanza para una cama, un colchón o un juego de comedor, se abre un expediente y el núcleo es protegido con la entrega de bienes.

“Cada año se asigna un presupuesto que se ejecuta trimestralmente según las necesidades y ofertas del mercado local. Se nos ha dificultado este año, pues el Acuerdo 91/53 nos señala que no podemos hacer compras a empresas mayoristas; tenemos que hacerlo a minoristas y, en nuestro municipio, prácticamente debe ser con los cuentapropistas para ir cubriendo las necesidades de los beneficiarios”.

¿Cuántas personas existen identificadas actualmente en situación de vulnerabilidad en el municipio?

“Hoy existen más de 500 personas asistenciadas, además de casi 40 madres con hijos con discapacidad severa. En este caso, ellas estaban empleadas cuando dieron a luz a un niño con una discapacidad irreversible y progresiva. Se acogen a una ley que les permite continuar vinculadas al empleo, acumulando años de servicio, mientras nosotros les pagamos para que cuiden a sus hijos”.

Otros 75 beneficiarios corresponden al programa de Asistente Social a Domicilio: adultos mayores con movilidad restringida que no tuvieron hijos o cuyo único hijo no puede costear un cuidador. Tras evaluarse el expediente, el Gobierno les hace un contrato y paga a una persona para que los atienda.

A esto se suma el Servicio de Atención a la Familia, una red de 10 comedores comunitarios distribuidos en diferentes consejos populares, donde se garantiza alimento a adultos mayores, personas con discapacidad o madres sin condiciones para cocinar.

“El trabajo no se reduce al asistencialismo. El departamento de Prevención sigue y atiende a todos los grupos en riesgo: madres con tres hijos, menores con comportamientos inadecuados, hijos de padres en centros penitenciarios (la llamada Tarea Victoria), personas sancionadas bajo control judicial o en libertad condicional, menores en desventaja y niños de cero a cinco años del programa Educa a tu Hijo. También se ocupa de los desvinculados del estudio y el trabajo, a quienes se les ofertan plazas radicadas por los organismos empleadores”.

En la situación actual, tan compleja, se hace todo lo posible por atender a la comunidad, valorar las circunstancias, proteger con prestaciones monetarias o vincular al empleo, con el propósito de transformar para bien la situación de las familias.

Manuel Lagunilla González

Texto de Manuel Lagunilla González

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