Nadie al mando
Antes de continuar la lectura, le invito que repase en su mente cuántos videos ha visto esta semana en Facebook, cuántas noticias falsas ha logrado detectar que realmente lo eran, cuántas veces fue capaz de contrastar la información con algún medio oficial.
Solo un 30% de los usuarios que leen una noticia falsa serán los que luego sabrán que lo eran, lo cuál habla de altos niveles de desinformación. Llega al punto de creer una falsa realidad.
Hasta ahora, el panorama de desarrollo de la IA ha circundado áreas que pueden vulnerar directamente la seguridad informática de todo un país y hasta dejar en entredicho sobre la capacidad humana real de controlar su desarrollo. Lo cierto es que el avance de la misma transita por caminos escabrosos.
La dimensión internacional no es más alentadora. En marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU nombró a 40 expertos para el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, cuyo mandato de tres años comenzó el 12 de febrero. El secretario general, António Guterres, pidió al panel que ayudara a los responsables políticos a construir «guardarraíles efectivos» —es decir, mecanismos de protección que eviten que la IA cause daños— y a forjar una comprensión científica compartida de la tecnología.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido «garantías férreas en torno a la seguridad de la IA antes de que sea demasiado tarde». Demis Hassabis ha propuesto la creación de un organismo internacional de vigilancia que realice pruebas rigurosas y revise los modelos de vanguardia antes de su lanzamiento, con financiación de las propias empresas de IA. OpenAI ha respaldado la idea de un organismo global de gobernanza liderado por Estados Unidos que incluya a China. Pero ninguna de estas propuestas tiene carácter vinculante, o sea, no obligan legalmente a nada, y la brecha entre Estados Unidos, la Unión Europea y China en sus enfoques regulatorios sigue siendo enorme.
En el frente militar, el 25 de agosto la ONU y la Cruz Roja emitieron una declaración conjunta en la que advirtieron que los sistemas de armas autónomas letales están «peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: la selección autónoma de seres humanos por máquinas». La advertencia llegó después de que un dron ruso equipado con un chip de Nvidia matara a tres civiles en Ucrania en un ataque que, según los peritos, no fue un error: el dron decidió de forma autónoma explotar junto a un muro porque su algoritmo calculó que esa era la forma más eficiente de dañar al enemigo.
Guterres y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, pidieron que las negociaciones para un instrumento legalmente vinculante comiencen «ahora» y que incluyan «prohibiciones y restricciones claras». Estados Unidos y Rusia, entre otros, se oponen a cualquier regulación vinculante, argumentando que las leyes existentes son suficientes.
La economía de la IA también ha mostrado sus contradicciones. El 13 de agosto, DeepSeek lanzó la versión oficial de V4 Pro y Alibaba abrió los pesos de su modelo Qwen 3.8-2.4T-A95B, el primero de nivel Max que la compañía liberaba. Los «pesos» de un modelo son los valores numéricos que determinan cómo responde la IA, es decir, su conocimiento aprendido; abrirlos significa regalar ese conocimiento para que cualquiera pueda usarlo. Según el informe de primavera de Hugging Face, la cuota global de descargas de modelos chinos alcanzó el 41 por ciento, superando por primera vez el 36,5 por ciento de los estadounidenses, con más de 10 000 millones de descargas acumuladas.
El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, publicó una carta abierta en la que afirmaba que «el mundo necesita modelos de frontera de código cerrado, pero también modelos de frontera de código abierto». La estrategia china de código abierto no es solo una decisión técnica: es una jugada geopolítica para construir dependencia en el Sur Global, ofreciendo infraestructura cognitiva a precios que ni Europa ni Estados Unidos pueden igualar.
En el ámbito educativo, el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como Informe PISA por sus siglas en inglés —Programme for International Student Assessment—, publicado el 8 de septiembre, proporcionó el dato más alarmante de todos. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) reveló que el 46 por ciento de los estudiantes de 15 años en los países miembros usa IA semanalmente para aprender, cifra que asciende al 56 por ciento en Colombia y al 95,9 por ciento en Vietnam. Pero el hallazgo central es que los estudiantes con mejores resultados tienden a ser aquellos que no usan IA. Quienes la usan a diario para redactar sacan 28 puntos menos en ciencias que quienes nunca la usan, una diferencia equivalente a perder un año y medio de escolarización.
La comprensión lectora ha caído a mínimos históricos, con un desplome de 28 puntos desde 2015, y la «lectura apresurada» —leer rápido pero sin comprender a fondo— se ha duplicado hasta el 9 por ciento. Andreas Schleicher, director del programa PISA, advirtió que las habilidades más afectadas son precisamente las que más importan en la era de la IA: distinguir hechos de opiniones, navegar la ambigüedad y evaluar información críticamente.
El coste ambiental de la IA también ha alcanzado proporciones críticas. Según la consultora Rystad Energy, los centros de datos consumieron 222 000 millones de litros de agua en todo el mundo en 2025 solo para refrigeración, y sin medidas de adaptación esa cifra podría casi triplicarse hasta los 644 000 millones de litros en 2030.
Amazon, uno de los mayores operadores de centros de datos del mundo, informó que sus instalaciones consumieron 2 500 millones de galones de agua en 2025. El Secretario General de la ONU ha exigido a las empresas tecnológicas que revelen «toda la verdad» sobre su impacto ecológico y ha propuesto que los centros de datos funcionen exclusivamente con energías renovables para 2030.
En Groenlandia, el interés de Trump por adquirir la isla ha revelado una dimensión inesperada: el clima ártico ofrece lo que la industria denomina «free cooling» o enfriamiento gratuito, que puede reducir la factura eléctrica de un centro de datos hasta en un 60 por ciento y eliminar casi por completo la necesidad de agua para refrigeración.
Ya existe un proyecto concreto, impulsado por Drew Horn, exasesor del vicepresidente Mike Pence, para construir un centro de datos de escala masiva en Kangerlussuaq, con una capacidad de 300 megavatios para mediados de 2027 y 1.5 gigavatios para finales de 2028. Groenlandia también alberga cantidades significativas de minerales críticos para la fabricación de chips y componentes de IA, incluyendo tierras raras, cobre, níquel y grafito.
En el frente regulatorio, la Unión Europea activó el 2 de agosto las obligaciones de transparencia del artículo 50 de su Ley de IA, que exige que todo contenido generado por máquinas sea detectable mediante marcas de agua en formato legible por máquina. Las marcas de agua son señales invisibles incrustadas en el contenido —ya sea texto, imagen o audio— que permiten a un ordenador identificar que fue creado por IA, como una huella dactilar digital.
Las multas por incumplimiento alcanzan los 15 millones de euros o el 3 por ciento del volumen de negocio global, y para las prácticas prohibidas, como el «social scoring» —un sistema de puntuación social que clasifica a los ciudadanos según su comportamiento, como ocurre en China—, ascienden a 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio mundial.
Sin embargo, la propia Comisión Europea admitió que las obligaciones de alto riesgo para sistemas de IA se pospusieron hasta diciembre de 2027, lo que significa que las empresas tienen un margen de casi año y medio para adaptarse. Google, por su parte, permite a los usuarios de Gemini ocultar las marcas de agua visibles, argumentando razones estéticas, lo que ha generado un debate encendido sobre el equilibrio entre transparencia y usabilidad.
La pregunta que planea sobre todo este panorama no es si la IA es peligrosa, sino por qué seguimos avanzando tan rápido a pesar de saberlo. La respuesta es que estamos atrapados en una estructura de incentivos que hace que la prudencia sea irracional desde el punto de vista individual. Para una empresa, frenar significa perder cuota de mercado frente a sus competidores. Para un país, frenar significa ceder ventaja geopolítica a su rival. Para un investigador, frenar significa renunciar a su carrera.
Todos los actores saben que la situación es peligrosa, pero ninguno puede permitirse ser el primero en detenerse porque el costo de hacerlo recae sobre él, mientras que el beneficio de la moderación se reparte entre todos. Es la misma lógica que hace que los cárteles del petróleo no funcionen: cada miembro tiene incentivos para hacer trampa. Pero aquí la trampa no es vender más barriles, sino construir sistemas que nadie sabe cómo controlar.
Lo que ha cambiado en 2026 no es la naturaleza del riesgo, sino la evidencia de que ya no es hipotético. Los agentes de IA han escapado de sus areneros. Han atacado infraestructura real. Han colaborado entre ellos sin que nadie se lo pidiera. Han desarrollado lo que un ingeniero describió como un lenguaje «de mente colmena o de secta». Y las personas que los construyeron —no críticos externos, no periodistas alarmistas, sino los propios ingenieros que pasaron años entrenando estos sistemas— están renunciando, advirtiendo y firmando cartas abiertas que piden a gritos que alguien los detenga.
La carta firmada en julio por más de 1 300 empleados de Anthropic, OpenAI, Meta y Google DeepMind pedía al gobierno de Estados Unidos que respaldara herramientas para «marcar el ritmo de forma deliberada» del desarrollo, reconociendo que las empresas y los países están atrapados en una dinámica de competencia que les impide frenar unilateralmente. Pero esa carta no ha detenido nada. Los modelos siguen lanzándose. Las salidas a bolsa siguen preparándose. Los chips siguen fabricándose.
La IA no está fuera de control en el sentido de que ya haya tomado el poder. Está fuera de control en el sentido de que nadie —ni los gobiernos, ni las empresas, ni los investigadores— tiene un mecanismo para detenerla. El control no se ha perdido en un momento concreto; se ha ido cediendo poco a poco, decisión a decisión, en nombre de la competitividad, la seguridad nacional o el simple miedo a quedarse atrás.
Cada actor individual ha tomado decisiones racionales que, en conjunto, producen un resultado irracional. Y ahora, cuando los propios creadores de la tecnología advierten que el riesgo es existencial, descubrimos que no hay nadie al mando. La pregunta ya no es si podemos permitirnos frenar. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
Escambray Periódico de Sancti Spíritus











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