Lo que la Ley Torricelli le enseñó a Donald Trump

El 24 de septiembre de 1992, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Ley para la Democracia Cubana, conocida como Ley Torricelli, un instrumento jurídico que recrudeció el cerco económico contra la isla y extendió su alcance a las subsidiarias de empresas norteamericanas radicadas en terceros países.

Lejos de ser un vestigio del pasado, esta arma legal constituye el cimiento sobre el cual se erige el actual entramado de sanciones que Washington aplica contra La Habana.

Promulgada por el presidente George Bush (padre) el 23 de octubre de ese mismo año, la normativa impulsada por el congresista demócrata Robert Torricelli buscó, en plena campaña electoral, satisfacer los intereses de la mafia anticubana de Miami.

Entre sus disposiciones más agresivas, la ley prohibió a las subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países realizar transacciones comerciales con Cuba o con nacionales cubanos.

Asimismo, negó la entrada a puertos estadounidenses, por un período de 180 días, a cualquier embarcación del mundo que hubiera tocado puerto cubano. Estas medidas, de carácter abiertamente extraterritorial, violaron los principios del derecho internacional y la soberanía de otras naciones.

El contexto actual demuestra que aquel diseño de asfixia no solo se mantiene, sino que se ha perfeccionado. Desde su primer día de mandato el 20 de enero de 2025, el presidente Trump revirtió las limitadas medidas de alivio adoptadas por su antecesor Joe Biden, con la firma de la Orden Ejecutiva de “Rescisiones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales”. Ello incluyó la reinserción de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, lo que agrava los efectos del bloqueo en el ámbito financiero, incrementa el Riesgo País y desincentiva el turismo europeo y asiático.

Posteriormente, el 30 de junio de 2025, la Casa Blanca dio a conocer un nuevo Memorando de Seguridad Nacional Presidencial que constituye una reedición y enmienda del Memorando No. 5 de 2017, que ratificaba la política de máxima presión económica como instrumento para lograr objetivos hegemónicos y de cambio de sistema en Cuba.

El documento refuerza la agresión y restablece la lista de entidades cubanas restringidas, prohíbe las transacciones financieras con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, y reactiva el Título III de la Ley Helms-Burton, al permitir demandas en tribunales estadounidenses contra quienes inviertan en propiedades nacionalizadas.

Las consecuencias de esta escalada son devastadoras. Según el informe presentado por Cuba a las Naciones Unidas, los daños provocados por el bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 alcanzaron la cifra récord de 8 083 millones de dólares, un 7 por ciento superior a la ya elevada cifra del período anterior. Los perjuicios acumulados a lo largo de más de seis décadas ascienden a 178 700 millones de dólares a precios corrientes. De no existir el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba en 2025 habría sido un 10,8 por ciento superior al valor estimado.

La comunidad internacional ha rechazado de manera reiterada esta política. En octubre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó por trigésima tercera vez consecutiva una resolución que exige el fin del bloqueo, con el voto favorable de 165 países.

Sin embargo, Washington persiste en desconocer esa voluntad mayoritaria. Como denunció el presidente Miguel Díaz-Canel, estas medidas responden a “intereses estrechos y no representativos de la mayoría” y buscan “causar el mayor daño y sufrimiento posible al pueblo”.

A 34 años de su aprobación por el Congreso norteamericano, la Ley Torricelli sigue siendo un instrumento de guerra económica que, con nuevas capas de sanciones, continúa atentando contra la soberanía de Cuba y el bienestar de su pueblo.