Frente al fraude académico, tolerancia cero

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Mañana del lunes 3 de marzo del 2019. En muchos hogares espirituanos se abren los signos de interrogación acerca del destino de los hijos. Comienzan las pruebas ministeriales de duodécimo grado con Matemática, la materia reina, que abre o cierra puertas en la recta final de la Enseñanza Media Superior.

Instituto Preuniversitario (IPU) Nieves Morejón, de Cabaiguán. Poco después de la entrega del examen, el profesor responsable de uno de los grupos nota algo inusual. En el teléfono móvil que ve extraer del bolsillo de un pantalón aparece un ejercicio del cuestionario. Comprueba: no se trata de un solo caso; la escuela informa. Consulta con el Ministerio del ramo y se procede a la anulación del examen en el municipio.

Esa misma mañana. Varios jóvenes que salen del local anexo al IPU Honorato del Castillo, muy próximo al parque Serafín Sánchez de la cabecera provincial, se muestran alegres. “Te digo que voy a coger 100, asere, yo soy un loco”, se escucha decir, entre otras frases de celebración. Ha transcurrido solo una de las cuatro horas estipuladas para la realización de la prueba y el cuestionario, según especialistas, se torna difícil hasta para los que estudiaron a conciencia.

La alerta de quienes presenciaron la escena llegaría al día siguiente, en forma de denuncia personalizada. Para ese entonces ya se disponía la conformación de un tribunal provincial. Los elementos de los denunciantes ayudarían a encaminar las acciones.

“Se habían violado muchas cosas —revela ahora a Escambray Andrei Armas Bravo, director provincial de Educación—. Las pruebas vienen en un sobre sellado desde La Habana, dentro de una memoria con varias baterías; minutos antes de comenzar el examen es que se informa cuál se aplicará en la provincia. Se imprimen aquí, en una oficina de máxima seguridad, bajo un control estricto. Hasta ahí todo iba bien”.

Pero era letra muerta buena parte de la Resolución Ministerial No. 238 del 2014, que establece cómo proceder en cada nivel educativo ante procesos de esa índole. “Las pruebas deben llegar al municipio el propio día de su aplicación y en este territorio eso no se estaba cumpliendo. El viernes anterior hubo reunión de directores municipales y ellos se las llevaron. Fue una violación nuestra, aunque hayan permanecido bajo llave. La prueba del centro mixto Leoncio Hernández, de Banao, se entregó desde el día antes. Erróneamente, la calificación se estuvo haciendo en los municipios durante varios años”, reseña el directivo.

PRUEBAS QUE NO SE PARECÍAN A LOS ALUMNOS

 “¡No, no, no, no, no; esto no es posible! ¡La nota de este alumno no puede ser 90 y pico, cuando ha faltado mucho a clases y no tiene el acumulado suficiente!”, exclamó en el tribunal de calificación Elpidio Morales Valle, mientras soltaba el lapicero. Con casi 50 años de magisterio mayormente dedicados al preuniversitario, sobre todo al grado terminal, no concebía lo que veían sus ojos. Aquella era la letra de su discípulo, pero las ideas y deducciones en modo alguno podían corresponderle.

El fenómeno fue hallando explicación a medida que aparecían más evidencias: igual de adulteradas había otras 30 y tantas pruebas. Después se sabría: el examen viajó a Cabaiguán desde Sancti Spíritus a través del celular de una alumna, según el testimonio de Miladys Raya Quesada, jefa del Departamento Provincial de Preuniversitario. De acuerdo con dicha fuente, la irregularidad había sido tramada para estudiantes del IPU Honorato del Castillo.

Con 50 años de trabajo, Ela Orellana Pérez es otra experta en Matemática. Por ello, al integrar además del tribunal provincial, la Comisión de Asignatura que emitió el dictamen técnico acerca de los exámenes, no demoró en ver la mano ajena: “Al argumentar la pregunta de Verdadero o Falso se empleaba el mismo patrón; tanto, que un alumno se equivocó y puso ‘Verdadero’, pero hizo la argumentación de ‘Falso’. También usaron, en uno de los ejercicios, un procedimiento que no se había impartido de esa forma”, explica.

 MODUS OPERANDI Y MEDIDAS

En medio de un proceso doloroso, en el que padres apostaron por hijos que terminaron admitiendo su culpa, las investigaciones arrojaron la identidad de los culpables. Un profesor de Química del propio IPU y la metodóloga municipal de la asignatura, quien fungía como jefa del tribunal de calificación, tenían montado todo un “operativo”. La maniobra fraudulenta, que a juzgar por el nivel de sincronización de sus acciones pudo tener lugar en años anteriores, sumó a una profesora del centro mixto Antonio Guiteras, quien conocía los pormenores del hecho y facilitó su casa como lugar de encuentro.

 “Tenían identificado a un grupo de estudiantes a los que no les daba el promedio y que para vencer el grado debían alcanzar una alta nota. En un momento posterior a la prueba, los alumnos estaban citados para dos viviendas, donde, ayudados por el profesor, reescribieron las respuestas en hojas foliadas, firmadas y acuñadas. Después, la metodóloga sustituyó por esas las hojas originales. Exceptuando a uno de los alumnos, todos habían pagado por ello 15 pesos convertibles”, detalla el director provincial de Educación.

Una viceministra del ramo, inspectores y metodólogos nacionales asumieron la conducción del proceso, de conjunto con oficiales del Ministerio del Interior. Finalizada la investigación, a los casi 40 discípulos que habían incurrido en el fraude les fue anulado el año lectivo, con derecho a repetirlo.

A propósito de esta violación, fueron instruidos de cargos los tres adultos implicados, quienes, según consta en el expediente de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus, resultaron sancionados por un delito de Abuso de autoridad, previsto en el Artículo No.133 del Código Penal. Las sanciones fueron, en el caso de la metodóloga, de un año y ocho meses de privación de libertad; en el del profesor, de dos años de privación de libertad, y en el de la profesora cómplice, de 10 meses de trabajo correccional sin internamiento.

“Eso, sin contar la confiscación de los teléfonos celulares utilizados en la comisión del hecho, así como del dinero fruto del delito. Hubo también sanciones accesorias, entre las que figura la prohibición de ejercer la profesión, cargo u oficio”, especifica Aracelia María Cepeda Valle, fiscal del Departamento de Procesos Penales en la citada instancia.

Administrativamente, en las direcciones municipales de Educación implicadas, al igual que en la provincial, fueron sancionados, de conjunto, 17 funcionarios, técnicos o docentes, sobre la base del incumplimiento de responsabilidades o funciones de control específicas.

EN YAGUAJAY Y CIENCIAS MÉDICAS

Un hecho de similar carácter tuvo lugar en Yaguajay, en el verano del 2018, durante la aplicación del examen de ingreso de Matemática en su segunda convocatoria. Entonces las respuestas aprovecharon la negligencia de quienes cuidaban las aulas para colarse en ellas, en notas escritas, según explica Cepeda Valle, por la directora del centro sede del examen, graduada de la asignatura, quien luego de habilitar los locales debió retirarse, pero permaneció allí. Como resultado del proceso judicial seguido al efecto, dicha funcionaria recibió una sanción de dos años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento durante igual término.

A cuatro docentes de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, juzgados como cómplices del delito, se les aplicó una pena de un año y tres meses de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento. Tanto ellos como el director del Centro Universitario Municipal, jefe de la sede de aplicación del examen, fueron separados de la Educación Superior, según confirma a Escambray la rectora de dicha institución, Naima Trujillo Barreto.

La propia fuente da fe de la rigurosidad del proceso: “Está indicado que el sobre con el examen, cuyo traslado desde La Habana corre a cargo de Trasval, se abra públicamente ante el grupo, por dos alumnos de los que van a examinar, quienes dejan constancia por escrito. Ese momento se filma y también se fotografía”, explica.

Al curso precedente corresponde otro hecho lamentable —que tampoco quedó impune— en la Universidad de Ciencias Médicas del territorio. Durante el examen de Inglés, 16 estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina incurrieron en fraude, hecho en el que la responsabilidad estuvo a cargo del profesor principal de dicha materia. Según sostiene la fiscal, fue hallado culpable de un delito de Falsificación de pruebas para la evaluación docente, previsto en el artículo 256 del Código Penal. En las conclusiones provisionales de la Fiscalía —el proceso judicial no ha terminado—, se le solicitan dos años de privación de libertad, con sanción subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento.

 A los discípulos les fue anulada la prueba, por lo que arrastran la asignatura en el presente curso. Otras seis medidas colaterales conciernen a profesores o cuadros, que habrían propiciado la falla con su falta de control, según pudo conocer Escambray.

LAS MORALEJAS

Todos lo saben. El alumno recurre al fraude cuando no se siente seguro de sus conocimientos, y ello no pocas veces es fruto de fisuras en los mecanismos educativos. El fraude tiene un alto costo. Si no se descubriera a tiempo, quien lo comete podría sentirse impune, pensar que merece conseguir resultados sin esfuerzos.

 “Si usted miente, engaña e involucra a jóvenes adolescentes en una trama que tiene consecuencias negativas para sus proyectos de vida, ellos terminan distorsionando la manera de pensar, de comportarse y de sentir con respecto a determinados valores”, asevera Rafael Wert Téllez, psicólogo, profesor consultante y auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

Según refiere, pueden, igualmente, presentar problemas como ansiedad, depresión, trastornos del sueño, dificultades en la concentración, sentimientos de culpa. “En un momento determinado podrían tener ideas suicidas, dependiendo del tipo de personalidad y del desarrollo intelectual y emocional que hayan alcanzado”, afirma.

La jefa del Departamento de Preuniversitario en la Dirección Provincial de Educación comparte también sus conclusiones: “Sabemos que las causas de lo sucedido fueron múltiples, hubo cosas que dejamos de hacer. Por eso lo primero de lo que nos ocupamos fue de proteger el duodécimo grado. “El Honorato del Castillo” no ha resuelto sus problemas de cobertura docente, pero ha mejorado, y en el grado terminal cuenta ahora con profesores fijos de mucha experiencia”.

“El fraude puede traer graves consecuencias para el que se gradúa sin el conocimiento real. No debería suceder nunca, porque quien paga es la propia sociedad”, medita el profesor Elpidio. Insiste en que la Matemática ayuda en cualquier ámbito laboral, pues desarrolla el pensamiento lógico de la persona.

La profesora Ela, sin saber que araba en el mar, llegó a formular alertas de sospecha ante la misma metodóloga que movía los hilos, y la frase que tuvo por respuesta le sonó cortante: eso tenía que demostrarlo. Ahora, entiende necesaria la advertencia: “Es errado pensar que cuando el alumno llega al duodécimo grado hay que ayudarlo a aprobar. Para la sociedad es mucho más importante recibir ciudadanos con un comportamiento social apropiado, aun sin el título, que titulados, pero fraudulentos”.

Los hechos aquí narrados no son algo frecuente en la provincia, ni se habían visto nunca antes con tanta fuerza. Así lo afirma la fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial que accedió al diálogo con Escambray. “La política penal ante las manifestaciones delictivas que atentan contra el sector educacional es de severidad, por lo que significa dicho sector para el país”, subraya Aracelia María.

Andrei Armas Bravo, en tanto, valora lo acaecido desde su responsabilidad al frente de la actividad pedagógica en predios del Yayabo: “Este es un hecho denigrante, en extremo dañino. Tenemos que hacer todo en la escuela para que el alumno no recurra a ese vicio, y también calzar el apoyo familiar, que no siempre es el necesario. Como mismo se combate la droga, debemos tener tolerancia cero con esta manifestación, y eso significa ejercer control a partir de lo estipulado. En Educación todo está escrito”.