Consciente de que aprender a comportarse en la vía es una herramienta de supervivencia, Sancti Spíritus llega al 5 de octubre, Día Internacional de la Educación Vial, en una situación sui géneris: la crisis de combustible ha aligerado las calles de vehículos tradicionales, pero las ha llenado de motorinas, triciclos y bicicletas eléctricas que, en muchos casos, son conducidos por personas sin la preparación mínima para hacerlo.
La paradoja es evidente y peligrosa. Mientras el parque automotor de combustión se reduce, los medios eléctricos se multiplican como alternativa de movilidad. En Holguín, los ciclomotores estuvieron presentes en el 78 por ciento de los accidentes; en Sancti Spíritus, la situación no es ajena a esa tendencia, pues la provincia figura entre los territorios donde aumentó el número de fallecidos por siniestros viales en el primer trimestre de 2026.
No se trata de un dato aislado: es la consecuencia lógica de un fenómeno que combina proliferación de medios vulnerables, desconocimiento de la ley y una peligrosa permisividad familiar.
El perfil del infractor se repite: adolescentes y jóvenes, muchos menores de edad, circulan sin licencia de conducción —la categoría A1 exige al menos 16 años—, sin casco y sin conciencia del riesgo.
La psicóloga Maritza Rodríguez Cruz, de la Escuela de Educación Vial y Conducción de La Habana, ha declarado a la prensa que son pocos los jóvenes que buscan obtener la licencia de ciclomotor, y la infracción se ha normalizado “en tanto se tolera, se justifica por necesidad o se invisibiliza”. Esa normalización es el caldo de cultivo perfecto para la tragedia.
La respuesta institucional ha empezado a moverse, pero de forma desigual. La Comisión Provincial de Seguridad Vial flexibilizó los requisitos para que los conductores de motorinas y bicitaxis eléctricos obtengan un permiso especial de transporte y ha eliminado la exigencia de chapa de identificación y los tres años de experiencia previa.
La medida reconoce que ya estos medios prestan servicio de pasaje y carga, pero también introduce una paradoja regulatoria: se facilita la operación sin que necesariamente se haya elevado la preparación vial de quienes están al volante.
Como advirtió el teniente coronel Yester Reyes Marrero en comparecencia en los medios del territorio, a partir de ese permiso el conductor “se convierte en un transportista oficial” con todas las obligaciones que ello implica, incluida la prohibición de ingerir alcohol. La pregunta es si esa condición legal va acompañada de una formación real.
Elevar la educación vial en Sancti Spíritus no es un lujo ni un tema para jornadas conmemorativas, sino una necesidad urgente en un escenario donde los medios más frágiles —esos que no protegen al conductor ni al peatón— son también los más numerosos.
La provincia ya cuenta con una Escuela de Educación Vial y Conducción, con presencia en todos los municipios, pero la formación no puede seguir siendo un requisito que se evade o se posterga.
Mientras la licencia siga viéndose como un trámite prescindible y el casco como una molestia, las estadísticas de accidentes seguirán creciendo y, con ellas, el costo humano de una movilidad que avanza más rápido que la conciencia que debería acompañarla.
Escambray Periódico de Sancti Spíritus










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